Salvamos empresas de la insolvencia

• Se paralizan las demandas interpuestas por los acreedores y no se pueden iniciar nuevas demandas
• Paralización de los embargos, tanto en curso como los que podrían producirse
• Paralización del devengo de intereses
• No hay ejecución por préstamos hipotecarios ni contratos de leasing
• Tiempo de maniobra: la empresa no tendrá que pagar a sus acreedores durante un largo período. Lo hará al final del proceso y según su capacidad económica entonces
• Evita la responsabilidad patrimonial de los Administradores

Acaba de publicarse la nueva Ley Concursal que trae la trasposición de la Directiva sobre reestructuraciones europea.

En el año 2003 se promulgó la anterior Ley Concusal 22/2003 que ya supuso una importante reforma de la Ley Quiebras y Suspensiones de Pagos imperante hasta entonces a través la unificación todas las instituciones concursales.

Uno de los principales objetivos de la Ley es conseguir la viabilidad de las empresas concursadas, para lo que resulta imprescindible una temprana toma de decisiones de la dirección y una asesoramiento profesional adecuado.

La legitimación para iniciar el concurso corresponde a:

• Si es persona física el propio deudor o un acreedor de dicho deudor.
• Si es persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración.
• Entidades sin personalidad jurídica, quien tenga la representación, según la legislación aplicable.

La solicitud debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

Se solicitará con intervención de abogado, por escrito y expresando si es insolvencia actual o inminente aportando la documentación necesaria.

El Administrador Concursal es un abogado y economista con experiencia probada en Derecho Concursal.

Su trabajo consiste en comprobar que la empresa declarada en Concurso cumple todos los requisitos y ha seguido todos los procedimientos fijados por la Ley. Durante el desarrollo del Concurso dirige y valida las acciones económicas de la concursada permitiendo que puede seguir con su actividad económica.

La resolución del concurso puede producirse por dos vías:

• El convenio: Puede presentarse anticipadamente o no. Su objetivo es llegar a un acuerdo con los acreedores para permitir el pago. Así, permite introducir quitas y esperas. Requerirá la aprobación judicial y se realizará un seguimiento para garantizar su cumplimiento.
• La liquidación: Se plantea como la solución más indeseable al concurso de acreedores, y consiste en liquidar el patrimonio del concursado para satisfacer, en la medida de lo posible, los créditos concursales. Solo procede en los casos de inviabilidad del proyecto, donde alargar la actividad solo incrementará el pasivo.

Dados los múltiples cauces que puede tomar cada procedimiento, su duración es tremendamente variable. Así, un concurso podría conducir a la aceptación del convenio anticipado en unos pocos meses. Luego solo habría que esperar al cumplimiento del mismo en los plazos pactados.

En principio una tramitación ágil permite llegar a la fase de resolución en poco menos de un año. Posteriormente habrá que esperar a la ejecución de la vía de resolución alcanzada (liquidación o convenio).